Encarna Roca, ponente del texto del TC, posee la Creu de Sant Jordi de la Generalitat de Cataluña
El diario ‘La Vanguardia’ amaneció el miércoles con un bombazo informativo: el Tribunal Constitucional (TC) anulaba la prohibición de las corridas de toros en Cataluña decretada por el Parlament en julio del 2010. En la información se decía que incluso se había votado el martes por la tarde la anulación de la ley del Parlament. Un día antes el mismo rotativo ya anunciaba que existía un proyecto de sentencia que dictaminaba que el Parlament se extralimitó cuando prohibió las corridas porque al hacerlo ejerció unas competencias que no le correspondían. Además, se especificaba que la ponente que ha redactado la sentencia es la magistrada Encarna Roca, catedrática de Derecho Civil de la Universidad de Barcelona y poseedora de la Creu de Sant Jordi de la Generalitat de Cataluña. Distintas fuentes también han informado que en el borrador de la sentencia del TC se tienen en cuenta otra serie de criterios jurídicos como la libertad de empresa, la tradición cultural de los toros y la protección constitucional a las llamadas ‘minorías culturales’, salvo cuando se trata de prácticas que atenten contra la ‘dignidad humana’. Otras consideraciones legales que aparecen son el ‘blindaje’ de los toros aprobado posteriormente por las Cortes en noviembre del 2013 que reconoce las corridas como un ‘patrimonio cultural’ de España. La impugnación a la votación del Parlament fue presentada por el Partido Popular en 2010 a través de un recurso que se fundamentaba básicamente en la extralimitación legislativa de la cámara catalana. Pues bien, sin que la sentencia se haya materializado, cuestión que parece que sucederá en las próximas semanas, diferentes miembros del gobierno de la Generalitat ya hicieron público que no piensan obedecer al TC si se retira la prohibición de las corridas de toros en Cataluña y que «sólo acatarán la decisión que en su día tomó Parlament», tal y como expresó Neus Munté, consejera de Presidencia y portavoz del ejecutivo de Carles Puigdemont. La plaza de toros de Barcelona es propiedad privada y pertenece a la familia Balañá y permanece prácticamente cerrada a cal y canto desde la última corrida que se celebró en Barcelona el 25 de septiembre de 2011, con Juan Mora, José Tomas y Serafín Marín con toros de El Pilar. La propiedad delega la organización de los festejos desde hace unos años en el empresario taurino Toño Matilla. ¿Tendrán ambos el coraje del abrir la plaza? Está claro que las trabas que tendrían que sortear parece que hará imposible que vuelvan los toros a Cataluña porque a pesar de que puedan contar con el respaldo del TC, los obstáculos jurídicas que les van a poner tanto desde el Govern como del Ayuntamiento de Ada Colau parece que serán insuperables. De hecho, el año pasado Colau prohibió colocar una foto gigante de Morante disfrazado de Dalí en pleno centro de la Ciudad Condal, aunque estuviera al corriente de los permisos legales y económicos.
Blindaje para el resto
Para lo que sí servirá la sentencia del Tribunal Constitucional será para ‘blindar’ las corridas de toros en Comunidades Autónomas donde se quieren prohibir, tal y como sucede en Baleares o en Galicia, donde el PSOE-PSG incluyó en el programa electoral de los últimos comicios regionales la abolición de los toros. Aunque se materialice la sentencia del TC, parece imposible que Balañá pueda reabrir La Monumental. o Este artículo lo he publicado en Diario La Rioja
