La SIEP es la Sociedad Estatal de Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios. Se lo digo por si no lo sabían. Es decir, un organismo público absolutamente desconocido por el común de los mortales que tiene como máximo objetivo –y me temo que único– colocar en su presidencia a políticos en vía muerta y encontrarles un buen asiento económico a través de un sueldazo anual de 127.702 euros. Una pasta gansa de la que Ángel Martínez Sanjuán, exsecretario general del PSOE de La Rioja, disfrutó desde mayo del 2008 hasta febrero del 2012 (hagan ustedes las cuentas) tras haber sido la friolera de cinco lustros diputado en el Congreso. Con la llegada de Rajoy, a Martínez Sanjuán lo pusieron en la calle (la ley de quítate tú para ponerme yo), lo indemnizaron con casi 14.000 euros –unos 5.000 de propina por no decírselo con 15 días de antelación– y recurrió porque esperaba percibir un total de 87.496 euros. A mí tanta pasta me marea, pero no a la magistrada del Juzgado de Primera Instancia de Madrid nº 20, que le ha negado las pretensiones al socialista riojano y le ha afeado públicamente su conducta explicándole en la sentencia que no es «éticamente asumible» un contrato de alta dirección como el suyo en esta atmósfera de recortes que nos subyuga. Les digo la verdad, me dice eso a mí un juez y no me atrevo a salir a la calle en varios años, quizás en unos veinticinco. El drama es que Ángel Martínez Sanjuán no es el único político primado por un sistema absolutamente parasitario en el que se diluye la vocación de servicio hasta pervertirla en tan sólo una defensa inusitada de su lujoso porvenir. ¿Qué diablos pintan estos latisueldos? ¿Qué sienten estos señores cuando se miran al espejo? ¿Por qué se ríen así de nosotros? Espero que él o alguien del PSOE-PSR explique su conducta (No es broma).
# Este artículo lo he publicado en Diario La Rioja.
