Nunca he entendido la necesidad de un Defensor del Pueblo en un Estado de Derecho porque el sistema tiene que contar con las suficientes garantías para que los ciudadanos no se sientan desprotegidos ante él en el ejercicio de sus derechos. Sin embargo, nuestro país cuenta con un Defensor del Pueblo de carácter nacional y una multitud de defensorcitos/as repartidos por un gran número de comunidades autónomas inflando un poco más el gasto de las depauperadas arcas públicas. Obviamente, el Ararteko vasco o el Síndic de Greuges catalán son lo que son y además un poco más; es decir, otro avance añadido en la separación entre el Estado central y estos miniestados soberanistas. Se puede entender que sistema es imperfecto y que la Defensora de Pueblo de La Rioja se instaurara en su momento como un contrapeso más «frente a los abusos de autoridad y poder y las negligencias de la Administración pública», tal y como aparece en la web del Gobierno de La Rioja. Llegados a este punto, es cuando menos sorprendente la sensación de inestabilidad que rodea a esta institución en las últimas semanas: se trata de un Alto Comisionado del Parlamento de La Rioja, se designa por la Cámara autonómica y parece que su supervivencia esté al albur de la decisión del Consejo de Gobierno; es decir, de Pedro Sanz. María Bueyo Díez Jalón ha sido muy crítica con la actitud del Gobierno regional y sin nombrarlo, con su presidente. Da la sensación de que ese «acaba el mandato y estoy en funciones hasta que el Parlamento disponga» es una despedida con aroma a abdicación sobrevenida. Eso sí, no sé si esta institución es necesaria o si sólo se puso en marcha cuando éramos ricos para lavar las conciencias de nuestros gobernantes.
o Este artículo lo he publicado hoy en
Diario La Rioja en una serie que aparece los jueves y se titula
Mira por dónde.
