Las elecciones están perdidas desde hace tiempo. No sé exactamente cuánto, pero la cosa ha acabado en derrota nada más y nada menos que con una sentencia politizada, arbitraria e incomprensible del Tribunal Constitucional. ETA regresa a las instituciones y lo va a hacer bajo el palio que le ha puesto el órgano que ejerce la función de supremo intérprete de la Constitución. No me digan que no resulta paradójico. Sin embargo, el problema, que es de origen, reside en la incapacidad que han tenido históricamente el PP y el PSOE para desvincular el nombramiento de los magistrados del TC de sus mayorías en las Cámaras. Además, el Tribunal Supremo, que declaró con pruebas la relación existente e inequívoca entre ETA y Bildu, ha vuelto a ser ninguneado como sucedió en el escandaloso caso de los Albertos, pero en esta ocasión con un daño que va a sufrir la sociedad española en los próximos cuatro años y en concreto, los concejales de los partidos no nacionalistas en esos pueblos del País Vasco que todo el mundo sabe y en los que la transición ni ha empezado. Las encuestas auguran la victoria de Bildu (la tapadera en forma de coalición filoetarra) en decenas de municipios y en diputaciones como la de Guipúzcoa; es decir, ETA de nuevo financiada por el Estado al que pretende destruir. Lo peor de todo; sin embargo, es que se veía venir, que daba la sensación de que todo el proceso hasta llegar al TC cumplía milimétricamente una hoja de ruta diseñada entre La Moncloa y Sabin Etxea (sede del PNV) con la amenaza clara de Urkullu de romper el apoyo para lo que queda de legislatura y las agradables noticias que pronosticó Eduardo Madina. Lo alucinante es que se diga que se quiera callar a una parte de la sociedad vasca; mire no, aquí se puede ser que se quiera, pero sin los de la pistola.
o Este artículo lo he publicado en
Diario La Rioja en una serie que aparece los jueves y que se titula
Mira por dónde.
