REHENES DE LOS SINDICATOS

Los trabajadores del Metro de Madrid paralizaron el martes la capital de España, no cumplieron los servicios mínimos decretados por la Comunidad y arruinaron de paso gran parte del día a dos millones de usuarios porque el Gobierno de Esperanza Aguirre les aplicó la medida de recorte salarial de los funcionarios. Los empleados del suburbano madrileño son trabajadores públicos pero no tienen la condición de funcionarios (como los de Renfe o Aena), cuestión que legalmente les da la razón porque Zapatero sabía a lo que se podía enfrentar y decidió en su momento excluirlos del tijeretazo. Sin embargo, más allá de la legalidad de la medida de Aguirre -sin duda más valiente pero menos estratégica que la de la Moncloa- lo que parece intolerable es la absoluta falta de civismo de unos sindicatos que se saltan sin temor a la más mínima reprobación los principios del derecho de huelga para llevar hasta el final cualquiera de sus reivindicaciones laborales. Miren, ya está bien, ya vale de utilizar a los ciudadanos como rehenes de una negociación salarial atropellando sus derechos y pasándose por el arco de sus caprichos cualquier atisbo cívico. El portavoz del comité de huelga de Metro, Vicente Rodríguez, no tiene reparos en declarar que «por la experiencia que tengo en la empresa, más de 27 años, puedo decir que siempre que los trabajadores de Metro han iniciado una movilización sindical, han llegado hasta sus últimas consecuencias y esta vez no va a ser diferente». Es decir, sí o sí. O se hace lo que decimos nosotros o tiembla el misterio. Por cierto, la plantilla de Metro está formada por 7.617 empleados, de los cuales, más del 90% tiene contrato indefinido. El 65% cobra 38.000 euros brutos anuales, siendo la retribución mínima 26.500 euros brutos. Total, ná.

o Este artículo lo he publicado hoy en Diario La Rioja en una serie que sale los jueves y que se titula Mira por dónde.